El 29 de julio de 2014, el
Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales suscribieron un
acuerdo de “propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el
crecimiento económico y el empleo”.
El punto 3º de dicho
acuerdo está dedicado íntegramente a la formación para el empleo. Su elemento
más sustancial es el compromiso de renovación –por parte de los firmantes- del
Acuerdo Tripartito de Formación. Para
ello se establecían tres objetivos estratégicos y se constituía un decálogo
–fruto del diálogo social- por el que debía regirse el sistema.
Una vez más, el gobierno
del PP ha incumplido sus compromisos pactados. Una vez más la “urgencia del
gobierno” –existente sólo para él- ha significado la aprobación de un Real
Decreto en el que impone su única voluntad y criterio dando al traste con el
empeño sindical de acercar, aún más, a la realidad laboral el sistema de
formación profesional para el empleo.
La propuesta del gobierno
es un error y está lejos de ser “la herramienta útil” que ligue mercado de
trabajo y ofertas formativas con el empleo.
El Real Decreto dibuja un
modelo donde la administración “asume la detección de las necesidades
formativas”; relegando a empresarios y sindicatos –que conocen mejor la
realidad de las empresas- a un mero papel “decorativo”.
El gobierno apuesta por los
centros privados como ejes de la impartición de la formación; desaprovechando,
otra vez más, los centros públicos de formación: universidades, centros de
formación profesional, de educación de adultos… de carácter público como
elemento de “optimización” de los recursos públicos.
El empeño de la
administración en ser ella quien determine las necesidades formativas choca con
la laxitud con que “despacha” el derecho individual de cada trabajador a la
formación, que entiende cumplido, con una simple autorización sin entrar
siquiera a considerar la vinculación entre formación y la actividad de la
empresa.
El Real Decreto apuesta por
instrumentos como el “cheque de formación”, instrumento éste que ya ha sido
descartado en diferentes países europeos, como Inglaterra o Suecia, por
incrementar las “desigualdades formativas” o por ser un “instrumento propenso
al fraude”.
Con este episodio debieran
quedar claras para el futuro al menos tres cuestiones:
§
No hay “diálogo social” que dé beneficio para los
trabajadores si no va acompañado de presión en la calle en apoyo de sus
demandas (en este caso, una formación adecuada a la necesidad de empleo).
§
No tiene sentido mantener un “diálogo ficción” con
un gobierno que ignora, desde su mayoría absoluta, las opiniones y aportaciones
del resto de sectores sociales.
§
Por desgracia serán los trabajadores quienes vuelvan
a pagar la prepotencia del gobierno y la ineficacia de la estrategia sindical
al mantener un diálogo social estéril y sin pulso en la calle.
