El
29 de marzo de 2012 lo advertíamos con claridad: “Quieren acabar con todo”.
Para
tratar de evitarlo convocamos una jornada de Huelga General en la que muchos
trabajadores y ciudadanos nos dieron su apoyo y respaldo para combatir
barbaridades como la del “contrato de aprendizaje”, que permite despedir
“gratis total” a un trabajador con este tipo de contrato sólo alegando que “no
ha superado el periodo de prueba de un año”. ¿Cuántos despidos se han producido
ya o van a producirse ahora, tras 360 días de trabajo?
El
Tribunal Constitucional avaló ayer una política que ahonda, aún más, en un
“Mercado de Trabajo precario, rotativo y sin derechos”. Es un error, un
auténtico error que costará más miseria y pobreza a la sociedad española.
Decíamos
que fueron muchos los ciudadanos –sindicalistas o no- los que en marzo –y
también en noviembre- de 2012 salieron a la calle con el Derecho Fundamental de Huelga –recogido así en nuestra
Constitución- como instrumento de lucha para defender los derechos colectivos.
Pues bien, dos años después son más de 200 las personas que pueden perder su
libertad por hacer uso de un Derecho Fundamental contra la barbarie y la
injusticia de una Reforma.
Carlos
ha sido el primero, Carmen será la siguiente, los 8 de AIRBUS de Getafe pueden
ir detrás y, a continuación, pueden ser Gonzalo y Lola en Málaga...
Hay
que cambiar estas políticas y a los políticos que las hacen. Hay que anular las
Reformas Laborales (2010 y 2012) y suprimir –como ya dijimos en 2003 y 3007- el
artículo 315.3 del Código Penal.
No
es sólo un problema de constitucionalidad o no de una norma –que se recurrirá
donde proceda- Es un problema político que requiere una solución urgente para
echar del Gobierno a quien impone o mantiene estas leyes. Para combatir y cambiar las cosas sólo queda más movilización y, tras
el verano, pese a todo, una nueva Huelga General.