CCOO-A, junto a UGT, está presentando en estos días –de martes a viernes- a las fuerzas políticas andaluzas –PP, IU-CA, PA, PSOE- un decálogo de temas que debieran marcar, de forma prioritaria, la legislatura que para los ayuntamientos andaluces se inicia el 11 de junio.
Es BUENO explicar a las fuerzas políticas que mayoritariamente regirán los más de 770 ayuntamientos andaluces nuestras propuestas y predisposición para:
- Alcanzar planes de empleo que, usando la potencialidad de cada territorio, pongan en marcha ayuntamientos, mancomunidades y/o diputaciones
- Priorizar la prestación de servicios públicos, dando calidad a los usuarios desde la calidad del empleo de la persona que lo ofrece; prestándolo desde un modelo de gestión pública, sin privatizaciones de empresas municipales.
- Impulsar y desarrollar la atención a la dependencia (cuarto pilar del estado del bienestar)
- Adaptar los PGOU municipales, donde aún no lo estén, para generar más actividad económica y realizar programas de vivienda protegida, impulsando planes municipales de vivienda.
- Garantizar el empleo público, el pago de las nóminas al personal, así como el pago de los servicios prestados por las concesionarias, para que a su vez éstos puedan pagar las suyas; agilizando así el pago de las corporaciones a autónomos, pymes, …
- la necesaria descentralización, que acerque a las administraciones más cercanas al ciudadano los instrumentos que propicien una efectiva lucha frente al desempleo y por la generación de actividad económica; por ejemplo, transferencia de políticas activas de empleo, ampliación de competencias para fomento de la inversión e innovación. Sólo así los planes de empleo serán más efectivos.
- la prestación desde la gestión directa de los servicios públicos, sin externalizaciones ni privatizaciones, y con el valor de eficiencia y eficacia que debe regir desde la concepción social –no sólo económica- la prestación de un servicio público.
- que avance y se consolide el estado del bienestar -en cualquiera de sus pilares-,asegurando que los servicios prestados desde los ayuntamientos cuentan con la necesaria financiación, vía participación en los ingresos del estado y la comunidad autónoma, en una adecuada financiación de las haciendas locales.
- una adecuación racional de la planificación urbanística, evitando la especulación y propiciando el crecimiento sostenible y sostenido de nuestros municipios, tanto desde el punto de vista social como el económico, el ambiental, …
Y sobre todo NO HACER, en defensa del empleo público y para no caer en contradicción con lo anterior, unas políticas de personal que son reprendidas por los tribunales, pagando los ayuntamientos del erario público sus:
- actuaciones de esquirolaje en las huelgas (Coria del Río)
- discriminaciones salariales al no respetar que a igual trabajo corresponde igual salario (Utrera)
- falta de respeto a las normas de selección y contratación (Lebrija)
- faltas contra la libertad sindical (Gerena y Palomares)
Esto último también hay que explicárselo a las fuerzas políticas.
