El Comité Europeo de Derechos Sociales es el órgano
encargado de verificar si los Estados miembros, entre ellos España, cumple las
obligaciones que les impone la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo
Adicional de 1988, que son los dos acuerdos internacionales suscritos por
España y vinculantes para nuestro país.
El Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales da
la razón a CCOO al constatar en su
informe que el Ejecutivo español incurre en graves incumplimientos de los
derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la
Carta Social Europea.
La resolución constata siete incumplimientos de las
obligaciones de España establecidas en esas normas internacionales. Entre las
materias que implican la vulneración de la Carta Social y el Protocolo, se
encuentran:
El Salario Mínimo Interprofesional no asegura
un nivel de vida digno.
Excesiva duración de la jornada diaria y semanal en
la regulación de la jornada flexible, y la posibilidad de la distribución
unilateral de la jornada por parte del empresario.
El periodo de preaviso no es razonable en los
contratos indefinidos y en los temporales tanto si se trata de un despido más
allá de los 6 meses de prestación en contratos de servicios, como en los
contratos en prácticas, como en el contrato indefinido de apoyo a los
emprendedores.
La violación de la libertad sindical en la
aprobación de la reforma laboral, al no haber consultado el Gobierno con las
organizaciones sindicales.
La injerencia del Gobierno en el derecho de huelga
y la criminalización de la actividad sindical.
El informe, emitido por el Comité Europeo de Derechos
Sociales (CEDS) constata que nuestro país incurre en graves incumplimientos de
los derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce
la Carta Social Europea (CSE).
Es lamentable que, mientras que el Comité Europeo de
Derechos Sociales da a conocer la condena a España por vulnerar sus compromisos
internacionales, el Tribunal Constitucional haga pública una Sentencia en la
que, de nuevo, la mayoría de ese Tribunal viene a declarar que la reforma
laboral es compatible con la Constitución.
Eso sólo quiere decir que nuestra Constitución está
por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos
sociales y laborales y que, por lo
tanto, precisa de una profunda revisión que elimine lo trasnochado de nuestro
marco constitucional a la hora de responder a las demandas sociales.
Frente a estos hechos, el sindicato debe iniciar de
una campaña informativa en los centros de trabajo y entre la sociedad de cara a
asegurar, con las movilizaciones
necesarias, que en nuestro país se ponga fin a ser "los esclavos de Europa
a la hora de los recortes" y los "olvidados de Europa cuando desde el
estado español se limitan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
