Los
datos del paro de Julio, muestran un “estancamiento” en el ritmo de la
recuperación del volumen de empleo. No hay que olvidar, tampoco, que estos
datos están actuando sobre un universo numérico de 630.000 personas menos en
los registros de los Servicios Públicos de Empleo y que la contratación efectuada gira en el entorno
del 95% de contratos temporales y a tiempo parcial.
Ambos
elementos son básicos porque los datos demuestran que la situación no puede
“estirarse” más.
El
62% de las personas en desempleo, entre 16 y 64, años son desempleadas de larga
duración. Entre los mayores de 45 años, la larga duración se eleva hasta el
71%.
En
el ámbito de la protección social, solo el 57% de las personas desempleadas
tiene algún grado de cobertura y seguimos hablando de más de 700.000 hogares
que no reciben ningún tipo de ingreso.
Ayer
hablábamos de la necesidad de la reforma fiscal como motor de la recuperación
de ingresos. Hoy reafirmamos, aún más, esa necesidad si observamos algunos de
los parámetros del “teórico protocolo” surgido de la reunión del pasado 29 de
Julio entre el gobierno y los agentes sociales y económicos.
Así, a partir de octubre
hay que poner en marcha un “Plan de Recuperación de Empleo y Mejora de la Protección ” que vaya
ligado a la orientación, la formación, la reinserción laboral. Habrá que tener presente, si no
queremos caer en el autoengaño, la situación que, para la orientación,
formación y reinserción, han dejado -tanto a nivel central como autonómico- las
políticas de recortes y ajustes en los servicios públicos de empleo.
En
el ámbito de la intermediación hay que
potenciar la colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo y las Agencias
de Colocación, que deben tener un carácter complementario de los Servicios Públicos.
¿Que hacemos ahora con las políticas que el gobierno ha diseñado -y
nosotros rechazado- en referencia a las agencias privadas de colocación?
Nos
contestamos que será la calidad de la
intermediación, en términos de inserción estable y el grado de cumplimiento de
las garantías pertinentes, las que sirvan de evaluación para la continuidad de
las Agencias de Intermediación. ¡Démoslo por bueno!
Vigilar el uso
inadecuado y/o fraudulento de la contratación temporal, la rotación y el
encadenamiento de contratos temporales.
No debemos olvidar que seguimos sin medios ni recursos suficientes en las
Inspecciones de Trabajo.
Aumentar los niveles de
Protección Social, utilizando los recursos públicos disponibles, entre ellos
los procedentes del Fondo Social Europeo y el Fondo de Ayuda a Desprotegidos y
dirigir su acción a los más de 740.000 hogares sin ningún tipo de ingreso,
estudiando los resultados y efectos de de los diferentes tipos de Rentas
Mínimas disponibles dependientes del conjunto de las Administraciones, Central y
Comunidades Autónomas, de cara a establecer una Renta Mínima Garantizada. Los ajustes presupuestarios y el
cumplimiento de la” regla de oro” sobre el déficit público limitan esta opción
y su proceso de implantación; luego……
Con
estos objetivos insistimos. O con la reforma fiscal ampliamos ingresos y
recursos o estaremos contribuyendo a una “ceremonia de la confusión” que
comienza a ser para “hacérnoslo mirar “en un diván de una consulta pública (suponiendo
que aún queden por entonces)
