Triunfó
en devaluar salarios, devaluar la economía y capitalizar las empresas. Fracasó
en crear empleo y optimizar las condiciones laborales.
2º parte del artículo de Joan Coscubiela, Diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (Izquierda Plural) escrito y publicado el 2 de agosto, antes del último consejo de ministros que aprueba (como comenta el autor) que habrá medidas para atornillar más a los jueces y así ha sido cuando el gobierno aprueba para los grupos de empresa no tener que presentar las cuentas consolidadas
¿Y si no había rigidez salarial, cuál era el objetivo salarial
de la reforma? Provocar una devaluación interna vía salarios que sirviera, así
mismo, como mecanismo de devaluación interna de la economía y de
desendeudamiento de las empresas. Y lo ha conseguido. Durante la crisis, los
salarios han perdido peso en la distribución de la renta, han pasado de
significar el 54% del PIB en 2008 al 49% a comienzos del 2013. Esta pérdida
salarial no ha ido ni a mantener empleo, ni a reinversión productiva, sino a
beneficios con los que se ha reducido el endeudamiento de las empresas, por un
importe que supera los 60.000 millones de euros. Los trabajadores han
contribuido pues de manera forzada al saneamiento económico por partida doble.
Haciendo de banco para las empresas privadas con una parte de su salario y
pagando el rescate bancario con sus impuestos.
El segundo gran objetivo de la reforma era y es devaluar
estructuralmente el papel de la negociación colectiva y reducir la capacidad de
intervención sindical en las relaciones laborales. Todos los datos, que
tendremos oportunidad de ir comentando más adelante, apuntan a otro éxito de la
reforma laboral. Los mecanismos de ajuste interno se han convertido en
unilaterales. Hoy la modificación substancial de condiciones de trabajo (Artículo
41 ET), la desaparición de la autorización administrativa previa en los ERES,
el descuelgue empresarial de los acuerdos colectivos, la prioridad del convenio
de empresa “in peius”, o sea peor que el sectorial y la caída de la vigencia de
los convenios ha provocado un tsunami desregulador.
Nótese que son reformas que se hacen por razones coyunturales,
la crisis, pero tienen impactos estructurales.
Aquí conviene destacar que los tribunales han puesto ciertos
límites a los objetivos desreguladores de la reforma utilizando para ello la
doctrina del Constitucional sobre el Artículo 35 de la CE, los Convenios de la
OIT y la Directiva de Despidos Colectivos de la UE. Es por eso que, las
grandes empresas, insaciables, han puesto en marcha una campaña para exigir una
nueva reforma. Que parece ser que la Ministra Báñez pretende abordar con el
zafío argumento de mejoras técnicas. Al parecer se trata de nuevo de impedir o
dificultar al máximo la tutela judicial de los trabajadores. Alerta con los
intentos de aprobar el contrato único, el rey de las falacias desreguladoras.
Solo 18 meses de aplicación de la reforma laboral ya han sido
suficientes para comprobar algunos de sus perversos efectos colaterales. Tres
muy evidentes: la caída de la calidad del empleo y los salarios además de su
impacto social está dificultando la salida de la crisis en un país en el cual 3
de cada 4 trabajadores dependen del consumo interno. Las políticas de
precariedad están incentivando aún más una apuesta por un tejido productivo
escasamente competitivo y dificultarán el deseado cambio de patrón productivo.
El mercado laboral español es un incentivo de primer orden para alimentar
nuevas burbujas especulativas. Y están apareciendo evidencias de “dumping
social” interno. La posibilidad de que convenios de empresa puedan establecer
condiciones peores que el sectorial está provocando su proliferación
artificial, especialmente en el sector de servicios a empresas y
administraciones públicas. Las empresas serias están perdiendo la batalla frente
a las empresas buitres gracias a la reforma.
