Suspender
la norma legal que obliga a resarcir a las pensiones del aumento real del IPC
sobre la revalorización inicial, supone una nueva agresión al poder adquisitivo
de las y los pensionistas.
Para
2012 el incremento fue del 1 %, mientras el IPC se sitúa en noviembre en +2,9%
en tasa interanual, provocando una pérdida del poder de compra de los y las pensionistas
del 1,9%, incluidas las pensiones mínimas. Esta pérdida afectará a nuestras pensiones de 2013 y años
sucesivos, y se acumulará al 2,9% perdido en 2011, que ya ha mermado
notablemente nuestras actuales pensiones.
La
presunta revalorización prevista para 2013, de entre un 1% y un 2%, es
claramente insuficiente en sí misma, y más aún a la vista del ritmo de
crecimiento de precios, repagos e impuestos, que soportaremos sobre nuestras
espaldas a lo largo de todo el año, con la incertidumbre de si nuestras
pensiones serán compensadas al final, como manda la Ley , o si el gobierno de turno
volverá a hacer caso omiso de la misma.
El
recurso oportunista al Fondo de Reserva, bajo la premisa de que, por encima de todo, lo que hay que respetar
es el límite de déficit (fruto de la reforma constitucional del PSOE con lo
que antes que la atención a las personas hay que pagar la deuda), amenaza con
acabar con un instrumento que no ha sido una dádiva sino fruto de nuestro
sacrificio. Porque la acumulación en el Fondo de parte del excedente de la Seguridad Social ,
cuando ésta arrojaba superávit por ingresos de cuotas, ha sido a costa de no
emplearlo, entre otras cosas, en la mejora de unas pensiones (el 75% por debajo
de 1.000 €) que son nuestra miseria y nuestra vergüenza si las comparamos con
las de otros países de la UE.
Que además se haga unilateralmente y sin siquiera consulta a
los Sindicatos firmantes de todos los pactos sobre pensiones, es un desprecio y
una muestra de autoritarismo inaceptables.
En
un alarde de cinismo, al que tan acostumbrados nos tiene, el Presidente del
Gobierno dice que estas “dolorosas” medidas hay que tomarlas no por imposición
de la UE sino de
la incuestionable realidad: el hecho de que, a lo largo de la crisis, se han
“perdido” más de 3 millones de empleos, provocando una abrupta caída de los
ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. Como si esa “pérdida” fuera
consecuencia de una catástrofe natural y él y sus políticas –y las de su
antecesor- no fueran sus responsables directos.
Efectivamente,
la compensación a las pensiones por la subida del IPC, hubiera supuesto un
desembolso de algo menos de 4.000 millones de euros, entre 2012 y 2013. Sin
embargo, según la
Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por la Banca Pública , vemos
operaciones como la venta del Banco de Valencia a Caixbank por UN EURO, con una inyección de 11.000
millones de dinero público que le blinda, incluso, contra pérdidas futuras. Y
próximamente las entidades bancarias intervenidas (Bankia o Novagalicia Banco
entre ellas) recibirán una “ayuda” de 38.000 millones de euros, a sumar a las
realizadas con anterioridad. O el coste del “Banco Malo”, para que puedan
deshacerse de sus “activos tóxicos”, que sí recaerá sobre nuestros impuestos.
En total, calculan que son 500.000 millones de euros de procedencia pública lo
que está a disposición del “rescate” bancario. Y, mientras que los gestores de
la catástrofe se han llevado, y se siguen llevando, sueldos o pensiones
millonarias: siguen desahuciando, miles de pequeños accionistas fueron engañados
con las “preferentes” y han perdido sus ahorros de toda la vida; a la vez que
miles de trabajadores y trabajadoras del sector se sumarán a los que han ido a
la calle en anteriores operaciones.
Contra
estas políticas depredadoras e injustas la respuesta debe ser la de la movilización global de todos y todas las
trabajadoras y trabajadores de todos los sectores porque NOS AFECTA A TODOS Y
TODAS, hasta conseguir que nuestros derechos –y los pilares básicos del Sistema
Público de Protección Social- nos sean restituidos.
Por todo ello y como primera acción
ACUDE a la CONCENTRACIÓN
Que tendrá lugar pasado mañana, día 5
de diciembre, en Sevilla a las 11:30 ante la Tesorería de la Seguridad Socialla Estación de Santa Justa.
