Parecía que el viernes, día 3 de agosto, iba a pasar sin más pena ni gloria que la de Rajoy haciendo balance de sus primeros meses de gobierno.
Era esperado el consabido “haremos lo que tengamos que hacer” que, como todo el mundo sabe, hay que traducir por: “haremos justo lo contrario de lo que dijimos que haríamos en nuestro programa electoral”.
Pero no ha sido así; Rajoy realizó su comparecencia ante los medios y olvidó citar el “pequeño detalle” de advertir que en el documento enviado a Bruselas –aunque haríamos mejor diciendo enviado a Alemania- con la previsiones del gobierno para los años 2013 y 2014 figuran nuevos recortes de más de 102.000 millones de euros. Decimos recortes porque gran parte de esa cantidad procederá de recortes a las Comunidades Autónomas y con ello recortes a la educación, la sanidad y la dependencia.
Otra importante partida saldrá de esquilmar aún más el empleo, en este caso el empleo público, que verá congeladas sus tasas de reposición, afectando con ello a la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía al ser prestados por menos trabajadores y trabajadoras.
Por último, y aunque el Estado lo vista de ingresos y no de recortes, serán los impuestos (IRPF e IVA) que salen mayoritariamente de los bolsillos de asalariados y consumidores, quienes soporten un nuevo tirón económico que después no repercutirá en la propia ciudadanía, dado el carácter restrictivo que augura este proyecto de cuentas plurianual.
Pero Rajoy no sólo dejó secretos el viernes, también dejó amenazas. Así, su gobierno ha amenazado a la Federación de Consumidores y Usuarios (FACUA) con “sacarla del registro de asociaciones de consumidores” y evitar, así, su presencia en los órganos de consulta y asesoramiento de muchos servicios públicos, al tiempo que amenaza con retirarle las subvenciones que por asesoramiento al consumidor percibe esta asociación.
Los motivos de la amenaza del gobierno son las constantes denuncias que FACUA realiza por los recortes de los servicios públicos a los usuarios que, todos sabemos, tienen un claro origen: las políticas del PP en su ataque permanente a lo público para que, con su deterioro, se justifiquen las políticas de privatizaciones, los repagos, o la “necesidad de salvar a la banca y al sector financiero”, uno de los principales causantes del actual estado de crisis.
De nuevo secretos y amenazas. Y para el próximo Consejo de Ministros otra nueva mentira se hará realidad si se cumple lo anunciado por de Guindos. Recuerda aquello de “no habrá banco malo”. El próximo día 24 de agosto tendremos la respuesta.
