Que
la Reforma Laboral
no creará empleo –ni lo creará en condiciones dignas- es algo que todos
(Gobierno, empresarios, economistas y voceros de la derecha) de una u otra
forma ya asumen.
Con
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados el viernes, esta idea
se refuerza y se concreta aún más. A una Reforma Laboral creada –según el
Gobierno- “para el empleo” se le unen ahora una serie de medidas que atacan a
fondo el empleo actual. Así, al ampliar las jornadas laborales de los empleados
y empleadas públicas se despedirán a interinos y eventuales y, del mismo modo,
se contratarán a menos personas de las “bolsas de empleo” para temas
específicos. Al aprobar unilateralmente los ayuntamientos “planes de ajuste” se
despedirá también a miles de laborales en las administraciones locales.
Los
PGE entran a dinamitar, al eliminar directamente los fondos que anteriormente
se les asignaba desde el Estado, la prestación de los servicios creados en
torno a la ley de Dependencia, que había generado en asistencias domiciliarias
y residencias un importante número de empleos, mayoritariamente feminizados.
Los
PGE, presentados con sus recortes por Ministerios y que llegan al 17% de media
y no “del 12 al 15%” como habían dicho Montoro y Rajoy, que nos ofrecen de
nuevo otra mentira, con sus caídas amplias en inversión pública y con sus
recortes en medidas que van a “tocar” al empleo en sectores como la energía:
carbón, renovables, eléctricas… son la cara continuada de la Reforma Laboral.
El
Gobierno, escudado en la crisis, toma medidas que no sólo no generarán empleo
sino que desincentivan a los trabajadores y trabajadoras. Medidas como la
“amnistía fiscal” que, sinceramente, sólo provocan ganas de contestarlas con
una llamada general a la objeción fiscal de todas aquellas personas que, con el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sí aportan, de verdad, a que lo
público y sus servicios sean un factor de igualdad y de cohesión.