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lunes, 2 de abril de 2012

LOS PRESUPUESTOS: 2ª PARTE DE LA REFORMA LABORAL


Que la Reforma Laboral no creará empleo –ni lo creará en condiciones dignas- es algo que todos (Gobierno, empresarios, economistas y voceros de la derecha) de una u otra forma ya asumen.

Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados el viernes, esta idea se refuerza y se concreta aún más. A una Reforma Laboral creada –según el Gobierno- “para el empleo” se le unen ahora una serie de medidas que atacan a fondo el empleo actual. Así, al ampliar las jornadas laborales de los empleados y empleadas públicas se despedirán a interinos y eventuales y, del mismo modo, se contratarán a menos personas de las “bolsas de empleo” para temas específicos. Al aprobar unilateralmente los ayuntamientos “planes de ajuste” se despedirá también a miles de laborales en las administraciones locales.

Los PGE entran a dinamitar, al eliminar directamente los fondos que anteriormente se les asignaba desde el Estado, la prestación de los servicios creados en torno a la ley de Dependencia, que había generado en asistencias domiciliarias y residencias un importante número de empleos, mayoritariamente feminizados.

La Formación, de la que la Reforma Laboral presumía “como el gran derecho de los trabajadores y trabajadoras”, por las 20 horas anuales que iban a mejorar la “empleabilidad” de esos mismos trabajadores, ve ahora cómo con la desaparición de más de 1.500 millones de euros que se destinaban a Políticas Activas de Empleo, queda convertida ahora en otra mentira del Gobierno Rajoy.

Los PGE, presentados con sus recortes por Ministerios y que llegan al 17% de media y no “del 12 al 15%” como habían dicho Montoro y Rajoy, que nos ofrecen de nuevo otra mentira, con sus caídas amplias en inversión pública y con sus recortes en medidas que van a “tocar” al empleo en sectores como la energía: carbón, renovables, eléctricas… son la cara continuada de la Reforma Laboral.

El Gobierno, escudado en la crisis, toma medidas que no sólo no generarán empleo sino que desincentivan a los trabajadores y trabajadoras. Medidas como la “amnistía fiscal” que, sinceramente, sólo provocan ganas de contestarlas con una llamada general a la objeción fiscal de todas aquellas personas que, con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sí aportan, de verdad, a que lo público y sus servicios sean un factor de igualdad y de cohesión.