El PP planea privatizar las televisiones autonómicas, mientras el PSOE continúa con su política de financiación insuficiente en la RTVA. La ciudadanía tiene derecho a unos medios de comunicación públicos, que sean garantes de las libertades democráticas.
Esteban González Pons (PP), ha anunciado que su partido plantea la privatización "en todo o en parte" de las televisiones autonómicas. Pretenden así reducir el número de competidores públicos donde no sean necesarios". Coincide punto por punto la propuesta del PP con la presentada por la patronal UTECA -Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, que reúne a las televisiones privadas- publicada antes de las elecciones.
Desde un punto de vista meramente empresarial, el negocio de la televisión autonómica andaluza es poco rentable al estar la población muy desperdigada en un territorio extenso y con una capacidad adquisitiva media/baja. Esto no es así en territorios como Madrid, Cataluña o Valencia donde la población está concentrada y tiene una mayor capacidad adquisitiva, lo que hace muy atractiva para la iniciativa privada y de los anunciantes el negocio de las TV´s autonómicas. Comenzamos así a observar que la propuesta del PP se guía por el interés particular del negocio de unos pocos y no por defender el interés general de muchos.
La posición de CCOO respecto a este debate –que no es casual que haya coincidido con el período electoral- es que la ciudadanía tiene derecho a unos medios de comunicación que, prestando un servicio público, sean garantes de las libertades democráticas, empezando por la que recoge el artículo 20 de la Constitución. La radio, la televisión y los servicios interactivos públicos deben garantizar el acceso y la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan y de su situación económica.
Estos contenidos coinciden de forma importante con el Programa Electoral de la tercera fuerza política (IU) que plantea la necesidad de un modelo definitivo de financiación con recursos suficientes en las Televisiones (sea cual sea su ámbito) y que exige impedir la privatización de las Televisiones al considerarlas servicios públicos y planteando que hay que evitar a toda costa el uso de las mismas para los intereses y beneficios de cada uno de los gobiernos de turno, asegurando así la pluralidad, transparencia y garantía de información y participación.
