No pocos ciudadanos y ciudadanas no salen de su asombro. Cuando muchos se pensaban que el “chanchulleo de dinero” era un tema de “malos políticos y banqueros”, se encuentran con que las facturas falsas, los asesoramientos inexistentes o las adjudicaciones a dedo, rondan por los jardines de la Casa Real.
Desde los gobiernos de las comunidades autónomas de País Valencia y Baleares -uno con traje y otro con velódromo- se adjudicaron encuentros, jornadas y juegos a empresas propias y/o relacionadas con el Duque de Palma. Con posterioridad vino el asesoramiento exterior, y poco a poco el cerco informativo y de las auditorías e inspecciones de hacienda se estrecha sobre el yerno del Jefe del Estado.
Ya su socio ha sido imputado, él, probablemente, lo sea y la opinión pública considera que “de no ser por su relación familiar hoy Iñaki Urdangarin, ya estaría imputado”.
Las condiciones que rodean a este episodio hay que irlas -para ser lo mas justo posible- desgranando. Por un lado tenemos la actividad social y empresarial del “yerno real”. Por otro que, en algunas de las empresas que pueden verse afectadas figura -directamente- la familia real por medio de la hija menor del Jefe del Estado.
Igualmente la opacidad con que, tanto desde la Casa Real como desde el propio control político y/o presupuestario, se tratan los recursos económicos asignados anualmente -8,9 millones de Euros en 2011- hacen dudar de lo idóneo de las personas, los métodos, los controles y las políticas que rodean al tratamiento de la Jefatura del Estado en nuestro país.
Por último nos centramos en otra reflexión: si estos mas que previsibles escándalos, hubiesen afectado al entorno de un Presidente del Estado español -elegido democráticamente por los ciudadanos- hoy el rumor social sería un clamor exigiendo la dimisión del presidente y la aclaración de la situación financiera de la “Jefatura del Estado”
Por eso, por higiene democrática, por transparencia y por justicia social, nuestro país debiera comenzar a plantearse poner fin a una institución que, como la monarquía, se sitúa por encima de todos y sustituirla por una institución que esté al servicio y bajo el control de todos y todas.
