Con el apoyo directo del grupo parlamentario socialista y los “apoyos indirectos” que significaron las abstenciones de PP, CiU, Coalición Canaria y UPN, (166 sí, 15 no y 157 abstenciones) el Gobierno eleva un punto más el deterioro de las condiciones laborales.
Lo revalidado por el Parlamento sobre el nuevo contrato formativo supone la ampliación de la edad para la celebración de dicho contrato elevando la misma hasta los 30 años, lo que unido a la ampliación de un año más en la prolongación de su uso facilitará la incongruencia de ¡aprendices de 33 años!. La falta de medidas reguladas que especifiquen dónde, cuándo y cómo se debe desarrollar la acción formativa, unido también a un salario referenciado en el SMI y en el porcentaje de jornada efectiva determinan un auténtico contrato basura, le guste o no al Ministro, para los jóvenes de nuestro país.
La “suspensión por dos años” del tope en la contratación temporal, rompiendo la obligatoriedad empresarial de convertir el contrato temporal en uno indefinido, tras veinticuatro meses de contrato en un período de treinta, ha convertido - tanto en el sector público como en el privado- a la temporalidad en el gran portal de acceso al mercado de trabajo. El Gobierno con ello ha vuelto a caer en una nueva contradicción, ya que ha pasado de querer poner freno a la temporalidad –incentivando el contrato indefinido de fomento de empleo en la pasada reforma laboral- a convertir la temporalidad en la “gran estrella” de nuestro mercado laboral.
Igualmente, el Parlamento con su votación –abstenciones incluidas no lo olvidemos- va a provocar un verdadero desbarajuste en lo que a negociación colectiva se refiere. Los nuevos condicionantes temporales fijados para la negociación y obtención del nuevo convenio colectivo, el excesivo peso otorgado al convenio de empresa en detrimento del convenio del sector en temas tan sensibles como: jornada y horario, salarios, vacaciones, contratación, …o la introducción de la figura del arbitraje y la mediación ahora como elemento obligatorio, harán del ya de por sí complicado mundo de la negociación colectiva una nueva “selva” donde cada empresa tratará de incrementar sus beneficios sobre la base del dumping social.
En la aprobación de esta reforma ha jugado un papel relevante la abstención de la derecha parlamentaria. Tanto CiU como, especialmente, el PP –empecinado en presentarse como partido de los trabajadores de cara al 20N- han apoyado, al no votar contra ellas, unas medidas que el Gobierno ya volcó absolutamente hacia los intereses de los empresarios y los representantes de la patronal. Tanto la temporalidad, que servirá al PP y CiU para volver a hablar en un futuro contexto de “un contrato único” con un despido regulado (aunque no dicen que aún más bajo que el actual), como el debilitamiento del papel sectorial y sindical en la negociación colectiva tienen como único objetivo concentrar todo el poder de la relación contractual en manos de los empresarios. Por tanto, la derecha política y económica han vuelto a hacer causa común en sus objetivos, con la vista puesta en el 20N y con el cómodo papel que significa tener un gobierno –del PSOE- que a día de hoy sigue haciéndole todo el trabajo sucio.
CCOO, una vez superada la etapa de respuesta a la reforma constitucional impuesta por PSOE y PP –aunque debemos seguir rechazando la misma y exigiendo un referéndum-, debe centrar su actividad en tratar de impedir que la aprobación de estas medidas destroce el deteriorado mercado laboral y debe hacerlo desde la movilización en los centros de trabajo y en la calle.
Somos conscientes de que la continuada política de recortes no es la salida a la crisis y, por tanto, sólo desde la defensa del empleo estaremos en condiciones de asegurar actividad económica, consumo, productividad en las empresas, por tanto, más empleo. La temporalidad y una formación para el empleo, que no define sus contenidos no es la solución. Desregular, dinamitando los efectos centrales de referencia para la negociación colectiva en las empresas, tampoco lo es; por tanto, nos urge que, al tiempo que presentamos propuestas, evitemos que medidas incorrectas e inútiles destrocen hoy, con sus recortes, los derechos del presente, pero sobre todo las expectativas del futuro.
