Cada día es mas notoria la necesidad de una Banca Pública que esté realmente estructurada y plenamente operativa.
Los intentos del Gobierno de actuar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con la estructura de la banca comercial privada, se han manifestado realmente inoperante.
La falta de una Banca Pública que permita al Gobierno no sólo intervenir y operar en el mercado financiero, sino también tomar posiciones y un papel de activo protagonista en la actividad económica –por tanto en el empleo- y en facilitar un mayor nivel de crédito es una cuestión que hay que corregir urgentemente.
No es un problema de que la banca privada de carácter comercial actúe de una forma “socialmente responsable”, no, no es eso. Nosotros hablamos de decisiones políticas tomadas desde el Gobierno dotándose de instrumentos de acción y no de una estrategia de “marketing empresarial” diseñado sólo para obtener mayores beneficios en la cuenta de resultados, en los balances, o en el beneficio repartido a los accionistas.
La concepción y la existencia de la Banca Pública de nuevo en nuestro país, surge desde la necesidad de intervenir con un cierto grado de planificación en la economía ante el fracaso de una política neoliberal que confía en la autorregulación propia de los mercados.
El sistema financiero en cuya reforma se tendrá que poner aún mucho dinero público –sea o no procedente del fondo de reordenación bancaria- y en donde ya hemos perdido un importante número de empleo estable y de calidad no puede ser un “caballo desbocado” que nadie controle porque en su alocada carrera se llevará por delante todos los obstáculos que encuentre.
