El proyecto de nuevo artículo 135 de la Constitución Española
No se trata de que “no podamos gastar tanto” o que “no podemos gastarnos lo que no podemos pagar”. ¿Alguién nos pidió opinión para gastar millones de euros en cheques-bebé, independientemente de las necesidades y la renta de quién lo recibía?. ¿Nos preguntaron si era mejor dedicar ese dinero a la construcción de escuelas infantiles de 0 a 3 años?. ¿Nos piden opinión, quizá, cuando aún destinan millones de euros a mantener operaciones militares en Afganistán o Libia?. ¿Nos preguntaron cuando anularon el impuesto de patrimonio, rebajaron el de sociedades o asumieron pagarles a los empresarios 8 días de despido en la última reforma laboral?.
¿Quién gastó?. ¿Para qué se gastó?. ¿Quiénes somos los que gastamos?.
Cuando hoy Jose Antonio Alonso (vaya papelón el suyo) de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría registraban la propuesta en el Congreso no explicaban la letra pequeña de la misma. Tampoco lo hacía Rubalcaba en su posterior rueda de prensa.
Nadie nos ha contado que en el “reparto del déficit estructural posible del futuro” (0,26% del PIB el Estado y 0,14% de su PIB las CCAA) quedan exentas las entidades locales –al igual que en el Decretazo de 2010 tendrán que obligarse al “equilibrio presupuestario”. ¿Quién hará frente a los servicios que hoy prestan a los ciudadanos los ayuntamientos ante la falta de agilidad o compromiso de las Comunidades Autónomas?. Nos referimos a políticas de dependencia, ayudas a domicilio, apoyo al empleo, objetivos al desarrollo local, …¿Quién sostendrá el importante volumen de empleo que suponen estas políticas?. ¿Quién tiene el “morro suficiente” para decir que estas medidas, elevadas a rango constitucional, con ley orgánica o sin ella, no van a afectar al Estado del Bienestar que ahora a duras penas mantenemos?.
Por si la cosa ofreciera dudas, el nuevo artículo 135 indica que “… los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones estarán incluidos en los presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Esta prioridad, ¿está por encima del pago de pensiones?, ¿del pago del desempleo?, ¿del pago de los salarios de los empleados públicos?, ¿del pago de bienes o servicios prestados por proveedores a las administraciones públicas?. Alguien debiera explicarlo.
El nuevo artículo 135 da potestad al Congreso para que, por mayoría absoluta, determine las excepciones en que puede superarse el límite de déficit. Imaginemos por un momento que la Comunidad AutónomaLa Mancha es el Congreso y que está debatiendo el incremento del déficit para atender el pago farmaceútico y con ello hacer frente a la atención de la salud de los ciudadanos de la comunidad. Pues eso, para temblar.
Hay mucha letra pequeña en el acuerdo PSOE-PP. No es ya sólo que nos ninguneen sin preguntarnos; es que además no nos quieren preguntar por no verse obligados a explicarnos tanta letra pequeña.
¡¡¡ No a la “constitucionalización” del déficit. Referéndum ya!!!
