Ayer el Congreso aprobó, con 177 votos a favor (PSOE y CIU), la Ley de “Modernización de la Seguridad Social” que incluye, entre otros aspectos, la Reforma del Sistema Público de Pensiones.
Ya expusimos en su día nuestra posición contraria al Acuerdo de Pensiones alcanzado por las organizaciones sindicales, empresariales y gobierno (documento que figura en el apartado de publicaciones de nuestro Blog). Por ello ahora nos centraremos en las modificaciones introducidas tras el paso del Proyecto de Ley por el Congreso y Senado.
Este ha dejado algunas mejoras como la de pasar, a los efectos de cotización, de cuatro a cinco años para las mujeres que hubiesen interrumpido por razón de maternidad su vida laboral. Igualmente ha incluido la Ley, la obligación para las empresas que, con más de 500 trabajadores y obteniendo beneficios acudieran a un ERE, hagan frente al importe de pago equivalente a la protección por desempleo de los trabajadores y trabajadoras que se viesen afectados por el mismo.
A efectos de integración, la Ley de Modernización pone fin al Régimen Especial de Empleadas de Hogar, equiparando a las trabajadoras y trabajadores del mismo con el Régimen General de Seguridad Social, lo que significa una ampliación de derechos para las personas acogidas a este Régimen.
Por el contrario, la Ley ha introducido –como pago a CIU por el apoyo parlamentario- el traspaso de edificios propiedad de la Seguridad Social –estatal- a las Comunidades Autónomas, disminuyendo con ello el patrimonio del estado y permitiendo que las comunidades –especialmente Cataluña- “hagan caja” con unas propiedades que fueron sufragadas con las cotizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras del conjunto del Estado, no saldándose, además, las hipotéticas deudas que la Seguridad Social tiene comprometidas con el Estado y ello a pesar de que, aún hoy, pagos que debería efectuar este siguen siendo abordados por las cotizaciones de Seguridad Social.
Del mismo modo, el incremento que experimentarán las pensiones de viudedad, al pasar del 52% al 60% la base reguladora, tendrá una afectación mínima en cuanto al número de personas se refiere, al estar ligada mayoritariamente esta cobertura con el caso de rentas mínimas.
Insistimos, el Acuerdo y la Reforma de la Ley, a pesar de que algunos sigan pensando que era absolutamente necesaria, es inadecuada, desequilibrada, injusta y –a la luz de los movimientos de los mercados- nos tememos que poco eficaz para seguir defendiendo el Régimen Público de Pensiones de los permanentes acosos del capital a todos los sistemas públicos que conforman el Estado del Bienestar, entre otros, el de Pensiones, Sanidad, …
Había otras opciones y hay otras políticas que hubiesen requerido menos sacrificio de los trabajadores y trabajadoras, por ellas apostamos.
