No sólo el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) forma parte de los ingresos de un Ayuntamiento. También los
impuestos por obras, la ocupación de espacios públicos, las tasas y precios públicos
por limpieza y tratamiento de aguas y residuos…, y así un largo etcétera,
conforma los ingresos municipales.
El IBI juega un importante papel –por
su peso- en las haciendas locales, pero sólo una nueva Ley de Haciendas Locales
y la fijación clara de las competencias de servicios que ha de prestar cada administración,
sacarán a los ayuntamientos de su actual estado de debilidad.
El IBI, de este Estado ACONFESIONAL
que no olvidemos, es España (Art. 16 de la Constitución ), debe
ser pagado por todo “hijo del Señor”. Las organizaciones sindicales con
respecto a los locales de su propiedad (y no son todos ya que hay cesión del
Estado por el patrimonio sindical acumulado creado por la sindicación
obligatoria del Franquismo) sí pagan IBI. Lamentamos no poder afirmar si las
organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) lo pagan. Llama poderosamente la
atención como la gente, y en especial la Conferencia Episcopal
y los medios de comunicación de la derecha, apunta a los partidos políticos y a
los sindicatos, mientras sin embargo olvidan a los empresarios, ¿por qué será?
Nuestro país, aconfesional, debe
denunciar el Concordato de 1953 y los acuerdos de 1979 y, así, la Iglesia católica –como otras-
no tendría que soportar el bochornoso espectáculo que significa que Caritas
tenga que recordarle a Rouco Varela que más del 70% de los ingresos de Caritas
provienen de donaciones particulares y sólo entre un 15 y un 20% proviene de
las aportaciones de las distintas diócesis.
Los trabajadores pagamos
impuestos, los empresarios los defraudan y la Iglesia ni está, ni se la
espera. Eso si que es caridad bien entendida…