En esta semana a Rajoy y Rosell se les ha
vuelto a ver el “pelo de la dehesa”. También Montoro, en su guerra particular
con Guindos a ver quien acapara más titulares de prensa, y Arturo Fernández,
vicepresidente de CEOE, han demostrado el grado de dureza de su rostro.
Anunciaba el Presidente del Gobierno que
“esta legislatura será la de las reformas, comenzando por la reforma de la
administración pública, que lleva pendiente 30 años en nuestro país”. La frase
tiene su guasa, pues cualquier persona honrada y con memoria recordará que
Mariano Rajoy fue, con Aznar, ministro de Administraciones Públicas durante más
de 3 años; un tiempo precioso para que todo un reformador político, como Rajoy,
lo hubiese aprovechado y no tendría ahora que reprocharse a sí mismo que la
administración aún tiene la reforma pendiente.
Sitúa también Montoro que “el Gobierno no
tiene en mente recortar empleo en el sector público”. Entre el desmemoriado
Rajoy y el cínico Montoro vamos apañados; ya que las previsiones del gobierno
“reformista” es cerrar el 30% de empresas, organismos y fundaciones de
distintos ámbitos territoriales, lo que puede suponer una reducción de empleo
en el sector público cercano a los 700.000 empleos.
A ello hay que unir que en su propuesta de
reforma laboral Rajoy y Montoro incluyen en las Diposiciones Adicionales 2ª y
3ª el despido colectivo –sin posibilidad de otra alternativa- del personal
laboral vinculado al sector y a las administraciones públicas. Menos mal que no tienen en mente tocar el
empleo público.
Decíamos que otros dos cínicos también nos
han dejado su impronta estos días. Rosell y Arturo Fernández han dejado unas
“perlitas” que hablan por sí solas. Mientras los medios de comunicación y las
organizaciones sindicales dan cuenta del aumento espectacular que del número de
despidos, EREs o modificaciones de condiciones laborales se está produciendo
desde la aprobación del Real Decreto de la reforma laboral, Rosell se
despachaba con unas declaraciones en las que “consideraba y confiaba en que la
reforma laboral del gobierno fuera la adecuada”, añadiendo a continuación que
“si no ya habrá tiempo de adecuarla”.
Olvida el desmemoriado Rosell que miles de
trabajadores y trabajadoras habrán sido “inadecuadamente” despedidos,
trasladados de centro de trabajo o hasta de país –que todo es posible-, con su
sueldo y su convenio pisoteados, … ¿Pagará Rosell de su patrimonio y su
bolsillo –como esperamos que lo haga su antecesor en el cargo, Díaz Ferrán- las
consecuencias de los desajustes?.
Para rematar el cínico presidente de la
patronal y de la cámara de comercio madrileña, Arturo Fernández, reconoce que
la organización empresarial representa los intereses de los empresarios, ¿en
nombre de quién actúa entonces?. Otros cínicos, vicesecretarios de CEOE sueltan
perlas como que “el 29-M es una huelga política que vamos a pagar las
empresas”. ¿Este espabilao sabe que
no habla en nombre de los empresarios según Fernández y que el gobierno ha
aprobado una reforma laboral que aún está en trámites?. ¿Otro desmemoriado
cínico o un cínico sin memoria?.
