Que a nuestro país no le conviene en absoluto mantener una deriva inflacionista es algo que parece entienden todos, salvo el Gobierno y determinados sectores empresariales.
Septiembre ha cerrado con un crecimiento de IPC del 0,4 en Andalucía y el 0,3 en Sevilla, ambos por encima de la media nacional establecida en el 0,2%.
Con este dato tenemos claro que aún mayor crecimiento del Índice de Precios al Consumo mayores posibilidades de restricción del gasto en los hogares, provocando una mayor caída del consumo y, por tanto, una menor garantía de mantenimiento de la actividad económica y con ello una mayor probabilidad de pérdida de empleo.
En el mantenimiento de este círculo vicioso el Gobierno y los empresarios tienen altas cuotas de responsabilidad. El primero por no fijar criterios y mecanismos de control de precios, especialmente en torno a los productos más básicos, y los segundos la tienen por partida doble, ya que trasladan al precio final cualquier pequeña disminución de sus beneficios empresariales al tiempo que mantienen bloqueada la negociación colectiva; lo que provoca que miles de trabajadores y trabajadoras no hayan experimentado desde 2008 crecimiento salarial alguno.
Esta pérdida de poder adquisitivo, junto con la caída del consumo, encuentra también colectivos que sin estar afectados por la negociación colectiva han visto, no obstante, recortadas sus expectativas por la congelación de sus pensiones o el recorte de sus salarios. Ambos colectivos –pensionistas y empleados públicos- suponen millones de personas en nuestro país.
CCOO, en su propuesta de Pacto por el Empleo, exige como uno de los elementos más necesarios el control de precios para que así entre todos los sectores económicos trabajemos por y para el objetivo central de creación empleo.
