El anuncio por parte de la multinacional sueca IKEA (compañía creada en Suecia pero que es gestionada realmente a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Liechtenstein) de construir un gran centro comercial (que incluiría una tienda de dicha empresa) en los terrenos de San Nicolás Oeste ha suscitado un amplio debate social al hilo de la exigencia por parte de la citada multinacional de que se modifique el PGOU recalificándose para ello 41.000 metros más de los permitidos (107.000), chantajeando para ello con que, de no verse satisfechas sus exigencias, se dejarían de crear 4.000 empleos (no 3.999 o 4.001, no, 4.000), aspecto este, sobre el que más adelante nos referiremos.
La multinacional no sólo pretende dicha modificación, sino que además pretende, al parecer, no cumplir con las cesiones legales de infraestructura y equipamientos públicos así como la cesión de los aprovechamientos que establece la ley.
Ésta, qué duda cabe, constituye una parte del debate, pero hay otra no menos importante que, desde nuestra filosofía, tiene que ver con el equilibrio entre la oferta y la demanda comercial para potenciar el pequeño y mediano comercio de suerte que se persiga un equilibrio, a su vez, entre los diferentes formatos comerciales y enseñas evitando situaciones de dominio de mercado. Sabemos que la ubicación de estas grandes superficies, normalmente en la periferia –como es el caso-, inducen a la deslocalización del comercio de barrio o proximidad, con la consiguiente afectación de la vida en el interior de los núcleos urbanos que supone un perjuicio especialmente grave para aquellos barrios o municipios donde la población está muy envejecida, para aquellas personas que tienen problemas de movilidad o no disponen de vehículo privado. Al mismo tiempo, se incremente desmesuradamente, sin ninguna necesidad, el tráfico de vehículos privados, con el consiguiente impacto medioambiental.
Sabemos también que la oferta del comercio tradicional sigue generando mayor cantidad, estabilidad y calidad de empleo a diferencia de las grandes superficies comerciales que destruyen empleo, empeoran el existente y, a la larga, encarecen los productos. Sabiéndose todo eso, nos parece ominoso el silencio de APROCOM (la patronal que aglutina al pequeño y mediano comercio sevillano), por más que nos parezca “lógico” el apoyo incondicional por parte de Santiago Herrero, Secretario General de la CEA (iba a añadir de la “gran patronal andaluza”, pero ni integra empresas grandes –se pueden contar con los dedos de una mano- ni tiene grandeza).
Aquí, por lo que se ve, unos por acción y otros por omisión, todo el mundo, muy especialmente patronales y equipo de gobierno del Ayuntamiento, están aprendiendo aceleradamente a hacerse el sueco con nuestras leyes y nuestros intereses. Eso sí, los suecos de IKEA pensarán que como ellos ya lo son de nacimiento –algo de ello, recuérdese, ocurrió ya con BOLIDEN- no les hace falta ni tan siquiera aparentar serlo.
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Y en relación a su promesa de creación de empleo, sería conveniente que IKEA desglosara cómo piensa alcanzar esos 4.000 que promete crear (2000 de ellos en la construcción cuando utilizan en las obras grandes piezas prefabricadas) puesto que la experiencia real y concreta que poseemos en relación a dicha empresa es la siguiente: Con motivo de la apertura en 2010 de IKEA Jerez, se produjeron presiones de todo tipo sobre los trabajadores/as del centro de IKEA en Castilleja de la Cuesta para que renunciaran al número de horas pactados en sus contratos, consiguiendo que muchos de ellos vieran reducidos sus contratos a tiempo parcial aún a menos horas anuales, con su correspondiente pérdida de salario, imponiendo, en muchos casos también, cambiar los turnos de mañana a los de tarde.
Como consecuencia de ello IKEA-Castilleja de la Cuesta que a principio de 2009 (entre fijos y eventuales) tenía una plantilla superior a los 500 trabajadores , actualmente supera ligeramente los 300, la mayoría de ellos a tiempo parcial. Es decir, en ese corto período de tiempo la plantilla se ha visto diezmada en un 40%.
Finalmente, lo cierto es que, mientras promete esos 4.000 empleos, recientemente ha procedido a destruir uno en su centro de trabajo de Castilleja de la Cuesta, al despedir a un trabajador por el imperdonable delito de enfermarse –enfermedad que se vio agravada como consecuencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que le impuso unilateralmente la empresa, cuyo servicio médico lo declaró inmediatamente no apto para el trabajo (antes la Inspección Médica lo había dado de alta en contra del criterio de su médico de cabecera, del especialista e incluso del facultativo de la Mutua). Directamente, pues, despedido, en lugar de hacerle una adaptación del puesto de trabajo como determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta es la actitud de estos próceres en la creación de empleo, sin entrar –por razones de espacio- a desarrollar sus prácticas antisindicales favoreciendo (como el Corte Inglés, Carrefour, etc.) a los sindicatos amarillos.
Esto, no viene sino a reflejar la inhumanidad con que este capitalismo –cada vez más salvaje- viene tratándonos a los trabajadores como si fuésemos una mercancía que cuando se devalúa –en este caso se enferma- se tira a la basura sustituyéndola por otra. A nuestro juicio, son hechos de esta naturaleza los que –por su extrema crueldad y crudeza- debemos sumar a la ola de INDIGNACIÓN que está levantándose en la sociedad española y por los que los trabajadores y la ciudadanía en general estamos obligados a movilizarnos solidariamente, denunciando las prácticas sin escrúpulos y las mentiras de las multinacionales, todas ellas –sin distinción- especializadas en hacerse la sueca, ya estén radicadas en el paraíso fiscal de Liechtenstein o de las Islas Caimanes….
