Ni engañarnos ni defraudar

Para reforzar la transparencia, dar respuesta a trabajadores o trabajadoras –en especial nuestra afiliación-, y al conjunto de la sociedad lo primero es “no engañarnos entre nosotros mismos y no generar expectativas que luego defrauden”.

En CCOO no hemos debatido –en contra de lo que afirma Lezcano- “en los dos últimos meses cómo responder a la sociedad”. El debate, en el conjunto de la organización, se inició de una forma no homogénea el día 13 de enero y finalizó el pasado 13 de febrero. El próximo 4 de marzo –fecha de celebración del Consejo Extraordinario- Lezcano ha olvidado señalar que el debate que, según él, quiere dar “respuesta a casi todo” sólo durará 4 horas.

Desde el sector crítico de CCOO no pretendemos ni minusvalorar ni menospreciar un debate que es necesario; pero queremos “no vender humo” y también situar en el conjunto de la opinión pública “todas” las propuestas que en este mes han aflorado.

Así, recordamos que en temas como la limitación de mandatos, proponemos volver de los tres mandatos actuales (12 años) a lo que fue el inicio de esta incompatibilidad temporal: dos mandatos (8 años) y “olvidar” aquel posible tercer mandato extraordinario para causas excepcionales que, por la fuerza de la costumbre, perdió su carácter para convertirse en la más absoluta cotidianeidad.

Igualmente proponemos que esta limitación –que hoy solo rige para Secretarios Generales de la Confederación, Federaciones Estatales o Secretarios de Comunidad Autónoma- se extienda a todas las estructuras del sindicato –incluidas las Secciones Sindicales con más de 250 personas afiliadas- que, eso sí asegura la renovación de las estructuras de dirección en el conjunto de CCOO.

Cuando se habla de “control de consejeros” queremos introducir no sólo la corrección de mecanismos que han fallado en temas como las tarjetas black sino también una regulación que permita al sindicato actuar sobre aquellas personas u órganos que, por acción u omisión, no tomaron medidas para evitar esas actuaciones. La llamada responsabilidad política.

Nos preocupa especialmente que la afiliación del sindicato no tenga mecanismos reglados de participación para cuestiones muy importantes. El sector crítico considera que “no es de recibo que la afiliación pueda opinar sobre si firma o no un convenio en la empresa y, sin embargo, no pueda opinar sobre si –como ahora será el caso- el sindicato debe suscribir un nuevo ANC o, en su día, una reforma de pensiones”.

La transparencia en la gestión, la participación de la afiliación, la dación de cuentas de las direcciones o la claridad en los mecanismos económicos que rigen en las diferentes estructuras serán para nosotros –entre otras medidas- los mejores mecanismos para ayudar a la organización a dar las respuestas que nuestra afiliación, los trabajadores y la sociedad nos piden… sin engañarnos ni defraudar.

En Aznalcóllar: ¿electoralismo o desmemoria de la Junta?

Para que no queden dudas, dejamos claro que nuestra posición es la de abrir y reiniciar la actividad minera en Aznalcóllar.

Una vez despejado esto; sí nos preocupan algunos aspectos de la “agilidad administrativa”, -que tanto ha gustado a la CEA- del gobierno andaluz para conceder la gestión de la mina a la empresa Minorbis-Grupo México.

Nos preocupa, y por eso apuntamos a la desmemoria del gobierno andaluz, que la concesión se haya hecho a la empresa que menos puntos ha obtenido en el concurso en la fase de garantías medioambientales y compromisos sociales (sólo un 1,8 sobre 10 puntos posibles). Nos tememos que el gobierno de la Junta haya sustituido a los que “se hicieron los suecos con la balsa” (Boliden) por otros que también se lo están haciendo muy recientemente, el 6 de agosto pasado, y de una forma “sonora” al verter más de 40.000 metros cúbicos de sulfatos de cobre y otros metales pesados en el río y su entorno en el norte de México.

Las empresas son muy libres de fijar su estrategia empresarial –entre ellas la de comunicación- a la hora de afrontar un concurso o adjudicación; pero no podemos dejar de señalar que precisamente, por lo mismo, “choca y no se entiende” que Susana , tan proclive a valorar la “transparencia y responsabilidad social de las empresas” (becas del Santander, Telefónica, Abengoa o BBVA, con cuyos Presidentes a Susana tanto le gusta salir en la foto), haya menospreciado la apuesta de transparencia, labor divulgativa y claridad de los compromisos que los componentes de la oferta de Emérita han puesto sobre la mesa y han explicado a toda aquella institución u organización que así se lo ha solicitado.

No podemos negar que nos extraña que haya sido con casi un mes de antelación cuando se resuelve una adjudicación que todo el mundo miraba con lupa y, por eso, nos preocupa que haya sido “el calendario electoral del 22-M” el que haya influido para que Susana quiera pasearse –antes que las normas electorales se lo impidan- por Aznalcóllar, su comarca, u otros territorios mineros de Andalucía en un remake de “Zoido, el alcalde del empleo”.

Vamos a exigir a la Junta y a la empresa toda la información y claridad que hasta ahora le ha negado a la sociedad. Si no nos convence lo que escuchamos iniciaremos por todas las vías y con todos los medios oportunos una campaña y cuantas acciones conlleven para tratar de impedir que el electoralismo o la desmemoria vuelvan a “dar al traste” con un proyecto, una comarca y unas personas que no se merecen que sus intereses se pierdan por el cortoplacismo, la coyuntura electoral o la desmemoria interesada.

También en esto queremos tener memoria histórica y, por ello, nos preguntamos: ¿qué hay de cierto sobre las relaciones de determinado clan familiar ligado a Magtel, o Abaden Gestión y el gobierno de la Junta o el partido que lo sostiene?. ¿Guardan relación éstos con otros clanes históricos del PSOE, … Alcalá de los Gazules, Ojeda, la Sierra Norte Sevillana, …?

Alguien en el gobierno andaluz debiera dar explicaciones.

Ni lo compartimos, ni lo aprobamos

En los últimos días, un diario de tirada nacional coloca a la Federación de Servicios de CCOO en sus titulares.

Estos temas, como otros, hay que observarlos en frío; procurar analizarlos tras escuchar a todas las partes, estudiar sus datos y elementos más precisos y, por último, emitir opinión. No hacerlo así solo nos colocaría como “voceros” de una u otra parte.

Desde el sector crítico de CCOO –que muchas veces solicitó información sobre diferentes aspectos de la antigua Federación COMFIA sin que le fuera facilitada- hecho que hemos criticado y denunciado en numerosas ocasiones ni compartimos ni aprobamos lo siguiente:

Los complementos salariales: El aspecto peyorativo del término “sobresueldo” que más recientemente hemos conocido proviene del uso de una contabilidad en “B” y de pagos “en sobres con dinero origen en B”. No es éste el caso y, por eso, no los llamamos así.

Los complementos salariales regulados por la Federación de Servicios son declarados a Hacienda y a la Seguridad Social; es decir, no son los sobres de Rajoy, Bárcenas o la Gurtell.

AHORA BIEN, DICHO ESTO, LOS COMPLEMENTOS SALARIALES NO SON JUSTIFICABLES ante el ingente número de sindicalistas que, cada uno en su ámbito de responsabilidad, ejercen a diario sus tareas para defender los intereses de trabajadoras y trabajadores.

Son muchas las personas que con salarios de 600, 800 o 1.000 € dedican su tiempo a la defensa de los trabajadores sin tener un complemento salarial; a pesar de ostentar cargas de responsabilidad se conforman “con que el sindicato no me cueste dinero”.

La carrera profesional: no será el sector crítico de CCOO quien minusvalore el peso, papel, alcance o capacidad de la negociación colectiva en la que organizaciones sindicales y empresa negocien y acuerden la promoción de los trabajadores y trabajadoras de su ámbito. PERO, COMO EN EL PUNTO ANTERIOR, NO COMPARTIMOS QUE LA ACTIVIDAD DE UN “PERMANENTE SINDICAL” SEA REGLADA COMO UNA PROMOCIÓN PROFESIONAL; tal y como recogen los acuerdos alcanzados en empresas como Caja Madrid, Santander, la Caixa o Mapfre.

Dedicarse a la actividad sindical es voluntario, optar por realizar una carrera profesional en el seno de la empresa también; y, por ello, lo que consideramos justo es que quien opte por su carrera profesional opte también por hacer sindicalismo desde el seno de su empresa y no desde ninguna responsabilidad como “permanente sindical”.

La acción como responsable sindical es una opción que, como muchas otras en la vida, tiene sus luces y sus sombras, y no es de recibo que bajo la consideración de “evitar la discriminación en la empresa de quien dedica su tiempo a la actividad sindical” se cree un sistema de promoción que no es justo con los trabajadores y trabajadoras que permanecen a diario –incluso soportando presiones- en la empresa cuidando “su carrera profesional”.  

Seguiremos tratando de modificar conductas que, como Sector Crítico de CCOO, ni compartimos ni aprobamos.

El Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a CCOO y condena las acciones y actitudes del Gobierno Español.

El Comité Europeo de Derechos Sociales es el órgano encargado de verificar si los Estados miembros, entre ellos España, cumple las obligaciones que les impone la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, que son los dos acuerdos internacionales suscritos por España y vinculantes para nuestro país.

El Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a CCOO  al constatar en su informe que el Ejecutivo español incurre en graves incumplimientos de los derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la Carta Social Europea.

La resolución constata siete incumplimientos de las obligaciones de España establecidas en esas normas internacionales. Entre las materias que implican la vulneración de la Carta Social y el Protocolo, se encuentran:

El Salario Mínimo Interprofesional no asegura un nivel de vida digno.

Excesiva duración de la jornada diaria y semanal en la regulación de la jornada flexible, y la posibilidad de la distribución unilateral de la jornada por parte del empresario.

El periodo de preaviso no es razonable en los contratos indefinidos y en los temporales tanto si se trata de un despido más allá de los 6 meses de prestación en contratos de servicios, como en los contratos en prácticas, como en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

La violación de la libertad sindical en la aprobación de la reforma laboral, al no haber consultado el Gobierno con las organizaciones sindicales.

La injerencia del Gobierno en el derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical.

El informe, emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) constata que nuestro país incurre en graves incumplimientos de los derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la Carta Social Europea (CSE).

Es lamentable que, mientras que el Comité Europeo de Derechos Sociales da a conocer la condena a España por vulnerar sus compromisos internacionales, el Tribunal Constitucional haga pública una Sentencia en la que, de nuevo, la mayoría de ese Tribunal viene a declarar que la reforma laboral es compatible con la Constitución.

Eso sólo quiere decir que nuestra Constitución está por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos sociales y laborales y  que, por lo tanto, precisa de una profunda revisión que elimine lo trasnochado de nuestro marco constitucional a la hora de responder a las demandas sociales.

Frente a estos hechos, el sindicato debe iniciar de una campaña informativa en los centros de trabajo y entre la sociedad de cara a asegurar, con las  movilizaciones necesarias, que en nuestro país se ponga fin a ser "los esclavos de Europa a la hora de los recortes" y los "olvidados de Europa cuando desde el estado español se limitan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.